“Cada una de mis decisiones jurisdiccionales fue adoptada conforme a derecho, con sujeción a la normativa procesal y sustancial vigente, y dentro del marco de autonomía e independencia que la Constitución Nacional garantiza a los magistrados judiciales de la Nación“, dice el escrito de unas 20 carillas al que tuvo acceso Infobae.

El Consejo ya había aprobado un dictamen donde están enumeradas todas las pruebas en contra del juez federal. “La gravedad de los cargos enumerados adquiere relevancia con la simple observación que, de no mediar la inmunidad de arresto que inviste al nombrado magistrado por su condición de tal, se hubiera hecho efectiva la medida de coerción ordenada contra el ciudadano Marcelo Martín Bailaque, tal cual fue resuelto, el 30 de abril de 2024 –y confirmada parcialmente, el 19 de mayo de 2025-, en el marco de las carpetas judiciales FRO 9.010/2024, 15.287/2024 y 15.682/2024″, dice ese documento.

Bailaque está imputado en tres causas penales. En una de ellas, La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.

En el escrito que entregó este martes ante el Consejo, Bailaque negó su participación en la maniobra y aseguró que en esa cena también estuvo el juez Ariel Ariza, quien estaría dispuesto a declarar. “Jamás he extorsionado yo de manera directa ni por medio de otro a cualquier persona, y en particular, no he extorsionado de ningún modo a Claudio Iglesias”, dice el juez federal sobre la acusación de los fiscales.