El área legal de la compañía comunicó la decisión por escrito a los empleados, justificándola en “fuerza mayor y falta de trabajo no imputable al empleador”, con respaldo en los artículos 218 a 221 de la Ley de Contrato de Trabajo. La empresa detalló que sufría una situación económico-financiera adversa, agravada por la fuerte caída en las ventas y por un siniestro en sus depósitos derivado de una tormenta ocurrida a principios de año, que destruyó mercadería almacenada.

El sindicato rechazó la justificación de la empresa, calificó la medida de “arbitraria y sin sustento formal” y denunció que los trabajadores recibieron la comunicación por WhatsApp, sin que el gremio fuera notificado de manera oficial. Por ese motivo, se convocó a una audiencia en el Ministerio de Trabajo, prevista para el martes siguiente al inicio de la suspensión, para evaluar la legalidad de la medida y la situación laboral del personal.

El secretario general del STIA, Nicolás González, explicó en conferencia de prensa que la crisis de Marengo no era nueva y que la organización sindical había mantenido numerosas negociaciones con la patronal para sostener la producción y el empleo. Según relató, el gremio aceptó pagos desdoblados, reducción de jornadas laborales y recortes de salarios, pero denunció que la empresa incumplió con los acuerdos alcanzados.