El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Salud, mediante la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), manifestó su preocupación por los alcances del Decreto Nº 538/2025, emitido por el Gobierno nacional, que modifica de forma sustancial el sistema nacional de control de alimentos.

La medida implica la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), que era el ámbito técnico y federal de participación institucional entre el Estado Nacional, todas las provincias y CABA, como autoridades sanitarias jurisdiccionales. Su función central era la propuesta, análisis y consenso para modificar el Código Alimentario Argentino (CAA), garantizando un abordaje federal, técnico y participativo de la regulación alimentaria del país.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la participación formal de las provincias en el proceso de actualización del Código Alimentario Argentino. A través de resoluciones conjuntas entre Anmat y Senasa, la Nación asume la facultad exclusiva de modificar la normativa alimentaria, sin contemplar mecanismos obligatorios de consulta con las autoridades sanitarias provinciales, como los que establece la Ley Nº 18.284 en su artículo 20.
Desde la cartera productiva provincial se advierte que este esquema conlleva el riesgo de que las particularidades de las economías regionales no sean representadas o consideradas adecuadamente en la elaboración de nuevas normativas. Si la adaptación del Código no contempla las realidades regionales, podría frenar el desarrollo de nuevos productos o procesos específicos de una zona desincentivando la innovación local. “La capacidad de Anmat y Senasa para establecer mecanismos de consulta robustos, transparentes y participativos con las provincias será determinante para el éxito de esta nueva estructura y para asegurar que la agilidad no se logre a expensas de la pertinencia y la equidad regional”, señalaron.

Mirada desde una provincia pionera

En este contexto, el Secretario de la Assal, Eduardo Elizalde, explicó que “la Agencia mantiene la competencia para emitir Registros Nacionales de Establecimientos (RNE) y de Productos Alimenticios (RNPA) en el ámbito provincial y puede intervenir en trámites de alcance nacional, por la fortaleza de contar con un sistema propio para esos registros. Sin embargo, pierde capacidad de decisión normativa sobre los requisitos de registro y se ve obligada a operar exclusivamente a través del sistema nacional informatizado”.
Elizalde agregó que esta medida, sumada al Decreto Nº 35/2025 “profundiza los riesgos institucionales y sanitarios, ya que no hay Conal para incluir y representar a las provincias en decisiones normativas y se conceden excepciones regulatorias automáticas a importaciones certificadas, sin procesos colegiados, participativos o supervisión provincial”. También advirtió que la flexibilización de controles de ingreso para productos con certificaciones extranjeras expone al sistema a estándares de calidad distintos o inferiores, si la evaluación nacional no respalda adecuadamente la equivalencia. 
Finalmente, sostuvo que el resultado es un sistema aún más centralizado, sin mecanismos claros para que las jurisdicciones ejerzan control adecuado sobre lo que circula dentro de su territorio” y subrayó que la provincia de Santa Fe “es pionera y ejemplo a nivel nacional, y asegura -junto a los municipios y comunas- la seguridad de los alimentos que consumen todos los santafesinos”.