Sábado 12 de Septiembre de 2026

21 de agosto de 2025

La justicia indaga a los 11 detenidos por el caso del fentanilo mortal del laboratorio HLB Pharma

Fueron apresados ayer por la noche. Entre ellos figuran los responsables y directivos de las compañías farmacéuticas; entre ellos, Ariel García Furfaro, su madre, su abuela y dos hermanos. Se vinculan dos partidas contaminadas del medicamento que provocó el agravamiento del cuadro y la posterior muerte de 96 pacientes

>El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak comenzó a indagar a los detenidos por el caso del fentanilo contaminado con dos bacterias de la empresa HLB Pharma vinculado a la muerte de 96 pacientes. Las detenciones se produjeron anoche.

La voluntad del magistrado es indagar a todos en el día de hoy, un hecho poco probable ya que son once las personas a su disposición. Además del clan García Furfaro, anoche fueron apresados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional:

-Los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio.

-Los accionistas y autoridades de Laboratorio Ramallo: su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

El múltiple operativo simultáneo coordinado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, fue solicitado al magistrado por María Laura Roteta, fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1 de La Plata, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

La fiscalía también puso bajo la lupa a los organismo de control del Estado que deben velar por la calidad de los medicamentes que salen desde los laboratorios. Por esa razón el magistrado dispuso “revocar el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación”. La decisión hace lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal.

Entre los argumentos el juez Kreplak sostuvo: “Es menester señalar que la información reunida en autos ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”.

La fiscal impulsó la acción penal contra los posibles responsables de la fabricación y venta del fentanilo mortal en los términos del Capítulo IV, Título VII del Código Penal de la Nación “Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas”, dictamen fiscal en el cual aclaró “sin perjuicio, claro está, de que del devenir de esta hoy incipiente investigación podrían surgir otras hipótesis delictivas y/o calificaciones jurídicas”.

Los capítulos y artículos invocados en el expediente judicial FLP 17371/2025 penaliza:

-“Sanciona al que venda, despache o distribuya estos productos envenenados, corrompidos o adulterados”.

-“Las penas pueden agravarse si resultan daños a la salud o muerte de personas”.

- “Se agrava si es por imprudencia o violación de leyes sanitarias”.

-“Sanciona a quien violare disposiciones dictadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de epidemias”.

“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal Roteta en el dictamen, al tiempo que advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada”.

Según la justicia federal de La Plata: “Las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas -entre ellas, el reciente informe del prestigioso Instituto Malbrán- resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo (N° 31.202 y 31.244) salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto”. El juzgado y la fiscalía también se consideró acreditada “la relación entre los contagios y el fallecimiento de una serie de víctimas”.

“Estamos frente a un caso dramático, grave, que exige una actuación rápida pero también rigurosa y profesional”, remarcaron los fiscales.

Después de las indagatorias el magistrado resolverá los procesamientos, qué calificación penal le corresponde a cada uno de los imputados y si se les dicta la prisión preventiva.

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