El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y los fiscales Federico Rébola y Matías Merlo, anticiparon detalles de la audiencia imputativa a 13 acusados por la balacera contra un colectivo del Servicio Penitenciario, ocurrida el 2 de marzo de 2024 en Rosario. Se les atribuye los delitos de asociación ilícita, homicidio, tentativa de homicidio, amenazas coactivas, intimidación pública, robo y encubrimiento.

En conferencia de prensa realizada en el Centro de Justicia Penal, Cococcioni sostuvo que el ataque constituyó “una de las primeras represalias de las organizaciones criminales al endurecimiento de las condiciones carcelarias”. Señaló que se trató de una respuesta directa de los jefes detenidos a la política penitenciaria aplicada desde diciembre de 2023 por el Gobierno Provincial.
El ministro recalcó la gravedad de lo ocurrido. “Fue el inicio de una secuencia de intimidaciones y amenazas que no se pueden naturalizar”. Y lanzó una advertencia a los acusados. “Confiamos en que la Justicia acompañe las medidas que se pidan para que quede claro que estas personas no se la van a llevar de arriba”, enfatizó.

El rol de Walter González

El fiscal Federico Rébola explicó que la investigación identificó como autor intelectual a Walter González, preso de alto perfil en Piñero y con influencia en Rosario, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y Carcarañá. Según la fiscalía, González dio la orden del atentado y los autores materiales ya fueron individualizados.
“Dispararon con dos armas, dos tiradores distintos desde un auto contra el colectivo. Una bala pasó rozando la nuca de un penitenciario. El objetivo era matar”, precisó Rébola.
La acusación también los vincula con el ataque fallido en Rondó Bar, en bulevar Rondeau al 3900, ocurrido el 24 de enero. Esa noche intentaron abrir fuego contra los clientes, pero las armas no funcionaron. Minutos después protagonizaron una balacera, acreditada en la causa.
La imputación incluirá la jefatura de una banda dedicada al narcotráfico y a homicidios múltiples. “Estamos frente a una estructura criminal con capacidad de operar aún desde prisión”, afirmó Rébola.
Del encuentro participó además el fiscal regional de la Fiscalía Regional 2, Matías Merlo, quien respaldó la labor del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas y destacó la contundencia de las pruebas reunidas.