Pero al mismo tiempo instó a avanzar en una mejora de la competitividad sistémica, lo que implica reformas orientadas a reducir el llamado “costo argentino”. Rappallini mencionó la modernización laboral, la reducción de la presión tributaria, la mejora en infraestructura, el acceso a financiamiento productivo y la capacitación de calidad como puntos urgentes. Según sus palabras, una apertura económica sin reformas internas pondría en riesgo al entramado productivo nacional.

La voz de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) apareció en sintonía con este posicionamiento. Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC, sostuvo en declaraciones mediáticas que es clave el “compromiso con el equilibrio fiscal, pilar central del proceso de ordenamiento económico que la Argentina está atravesando desde hace casi dos años y que tiene al derrumbe de la inflación como su signo más evidente”. Además, exhortó a los diferentes actores políticos y sociales a actuar con sensatez durante el período electoral, advirtiendo que “puede alentar posiciones demagógicas, que al perseguir un rédito político de corto plazo pueden poner en riesgo los progresos alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica”.

De acuerdo con las declaraciones recogidas, Mignone puso el acento en los recursos asignados a partidas sociales: “Valoramos que esta nueva etapa contemple medidas que benefician a los sectores más vulnerables con un aumento de partidas para salud, jubilaciones y educación por encima de la inflación”. Consideró positivo, además, el objetivo gubernamental de “generar condiciones necesarias para que las empresas puedan cumplir con su rol de ser generadoras de empleo”.