El Gobierno de la Provincia, mediante funcionarios del Ministro de Justicia y Seguridad, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este jueves el derribo de otro búnker de venta de estupefacientes ubicado en Cabal 988 bis de la ciudad de Rosario, la intervención número 77 en toda la provincia. Se trata de una nueva inactivación de un puesto de venta de estupefacientes desde que se promulgó la Ley de Microtráfico, en los inicios de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

En la oportunidad, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, explicó: “Es muy importante a la hora de pensar procedimientos poder contemplarlos en su contexto. Entender que la reforma normativa al inicio de la actual gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scalia, nos permitió -con esta nueva ley de microtráfico, con la ley de inteligencia criminal, con la ley de reforma del código procesal penal- poder avanzar en este sentido, incluso también en el trabajo conjunto con el MPA”. Luego, destacó: “Frente a un hecho de circulación de violencia altamente lesiva, un hecho de tentativa de homicidio, hubo un rápido accionar, no solo del personal policial, sino también del MPA, el Ministerio de Justicia y Seguridad, para inactivar otro espacio en Rosario dedicado a la venta de estupefacientes”. El funcionario provincial dijo que este tipo de acciones se encuadran en una línea de acción por parte de gobierno que define “si nosotros comprendemos que los criminales son víctimas de un sistema injusto que los margina, o si claramente damos una lucha frente a frente con el narcotráfico, como está sucediendo en la ciudad de Rosario”. 

Los detalles de la investigación

Por su parte, el fiscal Adrián Spelta dijo que esta causa tuvo su origen en el allanamiento por la tentativa de homicidio de una pareja. Las pesquisas permitieron “identificar a cuatro autores de este hecho. Hay dos que todavía están siendo buscados, pero cuando se allanó esta vivienda en procura de los autores se encontró gran cantidad de estupefacientes, lo que se vincula a algunas bandas que pujan por el territorio. Por ese hallazgo de drogas, se dio participación a la Unidad de Microtráfico”. 
En el mismo sentido, el fiscal Franco Carbone explicó: “Durante el primer procedimiento, fueron capturadas dos personas buscadas por la tentativa de homicidio. En el lugar encontramos gran cantidad de materiales estupefacientes, más de 400 gramos en distintos trozos compactos y un montón de elementos de recorte y fraccionamiento, como precintos, balanzas de precisión y demás”. “Podemos entender -puntualizó- que era un centro de distribución, con deliveries que salían de acá y que tenía que ver con sectores en pugna de distintos lugares que venimos observando en este territorio en particular. Tenemos indicios de que lleva más de un año trabajando este búnker”. 
Asimismo, se refirió a por qué se realiza una inactivación: “Tapiamos el lugar y no hicimos derribo, porque la titular registral es la madre de una de las personas que regenteaba la venta de drogas. Lo hemos hecho preventivamente, y también dialogando con la madre, que está está totalmente lejana a la actividad delictiva de su hijo. Por eso se hizo un cerramiento del lugar, con un monitoreo en simultáneo constante del Ministerio de Justicia y Seguridad, a los efectos de ver si se reactiva o no el lugar”.

Derribos en toda la provincia

Cabe destacar que, desde el inicio de la actual gestión, el gobierno provincial realizó la inactivación de 77 puntos de venta de estupefacientes en toda la provincia, en tanto que los operativos de estas características en la ciudad de Rosario ascienden a 49. Estas acciones forman parte de las medidas que integran la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “narcomenudeo” -antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.