El texto sostiene que el avance de las tecnologías digitales y de impresión ha incrementado el riesgo y la sofisticación de estos delitos, por lo que resulta necesario actualizar y optimizar las herramientas de prevención. Por dicha razón, “corresponde disponer las medidas pertinentes a fin de dotar a la Dirección de Investigación de Delitos Económicos de los lineamientos necesarios para el adecuado cumplimiento de las acciones encomendadas, asegurando la prevención, detección y persecución de las conductas ilícitas vinculadas a la falsificación de moneda, en concordancia con los objetivos estratégicos de protección del sistema financiero nacional”.