Como marco general, la OPC apuntó que “el análisis de la última década y media evidencia una notoria expansión del andamiaje de programas sociales destinados a la niñez. Se advirtieron dinámicas donde la política social a menudo reacciona con rezago al deterioro macroeconómico y dinámicas que muestran una estrategia de intervención proactiva y de reconfiguración de las herramientas de protección”.

“El éxito de esta estrategia dependerá, por tanto, no solo de la suficiencia de estas prestaciones en el corto plazo, sino de la capacidad de los gobiernos para generar las condiciones de crecimiento que vuelvan menos necesario este andamiaje de protección en el futuro”, añadió.

Por otro lado, la OPC destacó que tras tocar un piso histórico a fines de 2023, la capacidad de compra de la AUH se recuperó gracias a un incremento discrecional y después se mantuvo estable con la actualización mensual por inflación. De esta manera, se logró elevar el poder adquisitivo de la prestación a uno de los niveles más altos de la serie, estableciendo un nuevo promedio de $107.075.

En cambio, la Prestación Alimentar muestra un deterioro sostenido, porque los aumentos no alcanzaron a acompañar la inflación. Al no estar vinculada a una fórmula de actualización automática, su poder adquisitivo queda supeditado a ajustes discrecionales.

La OPC también analizó la evolución de las políticas alimentarias por su nivel de cobertura. Se identificó un salto notorio a partir de 2020, tras la creación de la Tarjeta como política de transferencia directa.

Cabe resaltar que la inversión en las prestaciones atravesó una doble transformación: no sólo aumentó su peso en el presupuesto, sino que también modificó su forma de implementación. Entre 2008 y 2019 su participación fue marginal y se ejecutó, en su mayoría, mediante transferencias a provincias, municipios y organizaciones sin fines de lucro.

Esta dinámica se mantuvo entre 2021 y 2023, consolidando a la Tarjeta como la herramienta central de contención frente al empeoramiento de la situación socioeconómica. En 2024, el gasto registró una leve desaceleración en términos del PBI.

El Plan de los 1.000 Días, iniciado en 2022, mantiene el menor peso relativo pero con una tendencia ascendente: pasa de 0,01% del PBI a una proyección de 0,04% en 2025.

“La consolidación de las transferencias monetarias directas como principal instrumento de política social, si bien representa una evolución en términos de eficiencia, se enmarca en un esquema donde la cobertura está delimitada por la restricción presupuestaria”, sostuvo la OPC.