Para IDESA, a agosto de 2025, la alícuota promedio de las ART se ubicó en 2,9% del salario, y el flujo de juicios superó las 10.000 demandas mensuales. Con los siguientes costos derivados: el gasto directo por juicios consume 0,6% del salario; los honorarios de abogados y peritos representan 0,1% adicional; y los costos administrativos e impositivos dentro de las ART suman 0,3%. La suma de todos estos factores equivale a un tercio de la alícuota del seguro.

El informe advierte que la cantidad de juicios, a esa fecha, alcanzó 126.000 demandas, lo que supone un incremento frente a las 120.000 iniciadas un año antes y sobrepasa las 80.000 de tres años atrás. Las proyecciones confirmaron que el sistema, lejos de estabilizarse, acompañó una tendencia ascendente y sostenida y que las ART, frente a ese aumento, operan en un escenario de crisis sistémica.

La solución, apuntan en Idesa, pasa por dotar de objetividad y racionalidad a las pericias médicas provinciales. Para ello, proponen constituir un cuerpo médico forense en las justicias provinciales que no realice nuevas evaluaciones, sino que revise las valoraciones efectuadas por la comisión médica de la SRT. Recomienda también que la actualización de créditos laborales respete el Código Civil y Comercial, sin permitir la capitalización de intereses que hoy algunos juzgados aplican.

Y si bien la Superintendencia de Seguros de la Nación implementó una inhibición general de bienes a Galeno ART, dejan en claro que el problema no se limita a un puñado de compañías, sino que “afecta a todas las ART” por igual. Esta dinámica deriva en un sistema atacado de manera sistémica por la litigiosidad masiva. Existen, a la vez, efectos colaterales: el empleo de criterios subjetivos y dispares disminuye la previsibilidad, eleva los costos administrativos y dificulta la administración del seguro tanto desde el Estado como desde el sector privado.