“La interoperabilidad actual ya permite a los usuarios combinar la seguridad del CBU (para cobrar) con la agilidad del CVU (para gastar), respondiendo al deseo de obtener rentabilidad asumiendo un mayor riesgo sobre una parte del ingreso mensual. El asalariado o jubilado, una vez que recibe sus haberes en una entidad financiera segura (CBU), puede transferirlo total o parcialmente en el acto y sin costo a una CVU si así lo desea“, señaló.

1. Menor protección legal para el salario y la jubilación. El informe señala: “El riesgo más grave es la anulación de las protecciones legales” para el receptor de esos haberes. Las billeteras virtuales no garantizan el carácter alimentario de los fondos, lo que expone a los usuarios a embargos totales o a la compensación unilateral de deudas (cobrar la cuota de un préstamo debitándola el sueldo), prácticas que están prohibidas en el sistema bancario tradicional.

3. Antecedentes de fraudes y quiebras en fintech. En los últimos 30 años, en la Argentina cerraron 28 entidades financieras. Los mecanismos legales y el sistema de SEDESA “permitieron cubrir la totalidad de los depósitos bancarios”.

4. Menor acceso gratuito al efectivo. “La provisión de efectivo gratuita es una obligación básica de los bancos para las cuentas sueldo y previsionales. Los jubilados, especialmente aquellos que cobran la mínima, retiran la mayor parte de sus haberes en efectivo”. El reporte alerta sobre un punto crítico: la reposición diaria de los cajeros automáticos es el principal costo operativo de los bancos.

5. Dificultades para el acceso a efectivo en moneda extranjera. En una economía bimonetaria como la argentina, la posibilidad de retirar dólares u otras monedas extranjeras es un servicio demandado por los ahorristas. Las billeteras virtuales no están habilitadas para operar en cambios ni para dispensar efectivo en moneda extranjera, lo que limita las opciones de los usuarios.

7. Reducción de la capacidad prestable de los bancos. Para el informe que Adeba le encargó a CML&A, la rentabilidad con liquidez inmediata que dan las cuentas remuneradas tiene como costo una menor disponibilidad de crédito para el resto de la economía. Y estima en un 60% la reducción de la capacidad prestable de los depósitos como consecuencia del auge de las billeteras.

8. Falta de capacidad técnica y legal para procesar embargos judiciales. El informe advierte: “Existe un alto riesgo de que los PSCP no tengan la capacidad técnica ni legal para procesar correctamente los oficios de embargo judicial”, lo que podría derivar en errores, litigiosidad y afectación de derechos básicos de los usuarios.

10. Contingencia legal para empleadores y el Estado. El informe concluye que, al autorizar el pago de sueldos y jubilaciones en cuentas no bancarias, se crea una contingencia legal: “En caso de quiebra de la PSPCP, donde los fondos no tienen seguro de depósito ni estatus de pasivo privilegiado, el trabajador puede accionar sobre el empleador y el Estado para recuperar su sueldo, argumentando el carácter alimentario de los fondos”.