— Resulta imprescindible preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular aquellos que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. La posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema.

— El sector considera urgente el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, asegurando que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales. Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público. Esta medida urgente debe ir acompañada de un análisis profundo y responsable del modelo tributario vigente. En las circunstancias actuales —marcadas por aranceles postergados, costos estructuralmente crecientes y una elevada carga laboral inherente a los servicios de salud—, el sistema se vuelve crecientemente inviable. A ello se suma la expansión de una litigiosidad laboral de magnitud, que incrementa la incertidumbre, distorsiona los incentivos y agrava el deterioro económico del sector. Este conjunto de factores hace imperioso avanzar hacia un cambio normativo integral que reconozca las particularidades del sistema de salud y garantice su sostenibilidad en el tiempo.