Otra de las modificaciones clave es la definición de los canales de reclamo. Cuando se trate de una resolución sobre la clasificación o valor de la mercadería, el importador o exportador podrá impugnar la decisión ante la propia aduana, conforme los mecanismos del código vigente. Si en cambio se trata de una decisión sobre el origen del producto, los recursos administrativos se deberán tramitar ante la Secretaría de Industria y Comercio, bajo los procedimientos fijados para la administración pública.

El plazo original para tener el esquema vigente era el 23 de julio de 2024, pero la Argentina solicitó una prórroga, que la OMC otorgó de manera automática, extendiéndolo hasta el 23 de enero de 2026. El propio decreto reconoce: “La proximidad del vencimiento tornó incompatible el trámite normal de las leyes”, justificando de ese modo el uso de la facultad presidencial para dictar decretos de necesidad y urgencia, sin pasar previamente por el Congreso de la Nación.