Horas antes de que se enviara el pedido de suspensión, la Procuración del Tesoro de la Nación había respondido a la Justicia estadounidense que estas reservas “son propiedad del Banco Central” y “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.

Según el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, también se hizo expreso el rechazo al pedido de los beneficiarios, para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar sobre la ubicación y uso de las reservas de oro nacionales.

Fue así que la empresa británica utilizó ese detalle como un argumento, para pedir que el país fuera declarado en desacato. Frente a esto, las autoridades nacionales denunciaron que los demandantes intensificaron sus reclamos con pedidos “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.

En línea con esto, desde la Procuración del Tesoro de la Nación acusaron públicamente a la contraparte de haber manifestado “de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”. Por esto, definieron esta actitud como “inaceptable jurídica y moralmente”, tras indicar que el único fin sería adelantar el pago de la cifra millonaria, pese a que el proceso todavía estaría bajo revisión.

Mañana, ambas partes se presentarán en una audiencia, que había sido pactada previo al pedido de desacato de Burford Capital. Desde la Procuración aseguraron que la postura argentina será más firme que nunca y que buscarán convencer a Preska, para evitar que siga dando lugar a las solicitudes de la firma británica.