“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”, afirmó Laura Rodríguez Machado, diputada nacional y presidenta del plenario de comisiones.

Por otro lado, el nuevo proyecto establecía, en el artículo 51, bajo el título de Asignación Presupuestaria, un monto específico de $23.739.155.303 para su implementación, desglosando cuánto corresponde al Ministerio de Justicia ($3.131.996.784) y cuánto a la Defensoría General de la Nación ($20.607.158.518).

Desde el PRO y la UCR adelantaron que mañana acompañarán en el recinto. En cambio, el interbloque Unidos -salvo los diputados de Córdoba- presentó un dictamen propio que propone bajar la punibilidad a los 14 con progresividad de las penas, régimen especializado e institutos dirigidos por civiles por fuera del sistema penitenciario. Desde el bloque dejaron trascender que en la sesión votarán a favor de la ley en general y marcarán algunas diferencias al momento de la votación en particular.

Por su parte, el peronismo presentó dos dictámenes. El primero, similar al que impulsaron el año pasado, que dejaba la edad de imputabilidad en 16 años y ponía el énfasis en las políticas de contención y resocialización. “Nuestro dictamen propone un régimen especializado, no punibilidad, justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, detalló Victoria Tolosa Paz.

Desde el massismo adelantaron que, si bien tienen fuertes críticas al proyecto del oficialismo, por ejemplo la falta de un plan maestro de infraestructura específica (centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos, casas de mitad de camino), a la hora de la votación acompañarán la baja de la edad de imputabilidad para respetar “la posición histórica” del Frente Renovador.

El nuevo régimen establecerá el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.