La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo en Santo Tomé a tres hombres y una mujer acusados de microtráfico y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal, así como en las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial.

“Hay un plan de seguridad cada vez más robusto. Esto implica más presencia policial en la calle, control en las cárceles con mejores leyes y el fortalecimiento de las investigaciones mediante un trabajo cada vez más aceitado entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones”, señaló Rolando Galfrascoli, director de Investigación Criminal para el centro-norte de la provincia.
El funcionario añadió: “Con el trabajo conjunto entre fiscales e investigadores, los recursos tecnológicos que estamos incorporando y el equipamiento de la fuerza, vamos a combatir el delito con mayor eficacia. Basta observar que en 2023 la violencia se había instalado en Santa Fe y hoy estamos mejor, aunque somos conscientes de que aún falta”.
En el marco de dos causas por microtráfico y con las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos allanaron dos domicilios ubicados en Tomás Lubary al 3800 y en Monteagudo esquina Tomás Lubary, en Santo Tomé. Como resultado de los procedimientos, detuvieron a los cuatro sospechosos e incautaron cocaína en trozos compactos y fraccionada para la venta -2.907 envoltorios con un peso total de 1.611,3 gramos-, tres balanzas de precisión, recortes de nylon y papel satinado, elementos con vestigios de cocaína y marihuana, 9.739.500 pesos, 1.120 dólares, una pistola calibre .32 marca Brevete con su cargador, 27 cartuchos intactos del mismo calibre, 15 teléfonos celulares, tres tabletas, un dispositivo de cobro electrónico (posnet), dos cajas de seguridad y dos DVR.
Por disposición del fiscal interviniente, Arturo Haidar, los detenidos fueron alojados en dependencias de la Unidad Regional I y quedaron a disposición de la Justicia.