El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.

La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, el inmueble pertenecía al exfutbolista Hugo Alberto Morales. Las vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no solo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de USD 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.

La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.

En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de "motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial" del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.

La denuncia original fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló que el patrimonio de Adorni habría experimentado un aumento del 500% en un solo período fiscal. La legisladora detalló discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, en particular la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000, además de la incorporación de USD 24.500 en efectivo cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.

En el caso específico de la vivienda de Caballito, el informe de dominio revela que la adquisición fue posible gracias a un crédito hipotecario concedido por las dos jubiladas vendedoras, quienes, de acuerdo con el registro, quedaron como acreedoras del total del préstamo.

Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.

Según los reportes internos del propio country, las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugeriría la existencia de un vínculo dominial o posesorio no declarado en las declaraciones juradas públicas. La fiscalía señaló que, revisados los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo declaró el 50% de un departamento en Capital Federal, de 115 metros cuadrados, y el 100% de una unidad en La Plata, de 105 metros cuadrados. No se registran lotes o construcciones a su nombre en Exaltación de la Cruz ni en countries.

La fiscalía fundamentó las nuevas medidas en la necesidad de verificar "toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica" de Adorni y su entorno directo. Por el momento, el juez Lijo no dictó ninguna resolución sobre las medidas propuestas. Se aguarda que, en las próximas semanas, el expediente sume información clave para determinar si hubo omisiones en las declaraciones patrimoniales o si el origen de los fondos empleados en la compraventa del departamento de Caballito y la vivienda en el country puede ser plenamente justificado.