El Senado de la Nación debate en estas horas un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. La medida establece la posibilidad de desalojos inmediatos. La iniciativa provocó preocupación entre quienes alquilan viviendas en Argentina. La agrupación Inquilinos Agrupados denunció que la norma dejaría en situación de vulnerabilidad a inquilinos con retrasos mínimos por problemas económicos.

El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, advirtió en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer sobre la gravedad de la iniciativa. "No existe una ley tan violenta como la que se está planteando en el Senado ahora. No hay antecedentes en la región con tan poca protección para quienes alquilan vivienda. Frente a un atraso, el dueño puede notificar en tres días y, en cinco, el juez puede ejecutar el desalojo", afirmó.

La iniciativa establece que en caso de falta de pago, intrusión o toma de inmuebles, se tramitará a través de un juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino. La propuesta legislativa modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rige en la ciudad de Buenos Aires. Además del Código Civil y Comercial de la Nación, que es una ley de fondo aplicable en todas las provincias.

De acuerdo con Muñoz, la ley elimina la posibilidad de que una familia salde la deuda después de iniciado el proceso judicial. "Si se atrasó, va directamente a la calle. El proyecto impide regularizar la situación aun si se paga el monto adeudado, en un contexto donde muchas empresas pagan salarios en cuotas y se eliminaron protecciones al alquiler de vivienda con el decreto 7023", explicó.

Muñoz insistió en que la ley profundiza la vulnerabilidad de quienes alquilan y que no existe en Argentina una crisis real sobre la propiedad privada. "El Gobierno da títulos como 'inviolabilidad de la propiedad privada', pero el problema central está en la economía: cada vez más familias tienen dificultades para pagar el alquiler porque pierden el empleo o ven restringidos sus ingresos", subrayó.

Consultado sobre el argumento oficial en cuanto a que la normativa busca brindar seguridad jurídica, el titular de Inquilinos Agrupados señaló: "El proyecto es muy técnico, pero lo resumo así: permite avanzar rápidamente contra los inquilinos y restringe la protección. No da seguridad jurídica real. Hoy el plazo de notificación es de diez días y lo reducen a tres, mientras que el desalojo puede ser inmediato a los dos meses de deuda".

La organización difundió un informe que muestra un aumento en la cantidad de personas que toman deuda para afrontar el pago del alquiler. Muñoz detalló: "Empezamos a medir el endeudamiento durante la pandemia porque muchos trabajadores perdieron sus ingresos y fue necesario endeudarse para pagar el alquiler. Constatamos que creció la morosidad, el desempleo y el multiempleo".

Según los datos de la agrupación, la mayoría de quienes alquilan tiene trabajo registrado y alto nivel educativo. Aun así, el retraso en los pagos de alquiler y la toma de créditos para cubrir necesidades básicas, como alimentos, se incrementaron.

"La morosidad creció y el motivo principal es el endeudamiento para comprar alimentos", informó. "No es casual que en este contexto económico se impulse este tipo de legislación", agregó.

El artículo relativo al desalojo del Código Civil se modificó por última vez en noviembre de 2001, durante una crisis económica profunda. Aquella reforma estableció el llamado "desalojo exprés". El nuevo proyecto retoma aspectos similares y, para Muñoz, profundiza el desamparo de los inquilinos.

"No existe una ley que diga que deben esperar dos años para desalojar a una familia", precisó el dirigente. "Con la normativa vigente, luego de dos meses de impago puede ser inmediato el desalojo. El problema no está en la protección excesiva al inquilino, sino en la economía y las condiciones de acceso a la vivienda".

Inquilinos Agrupados señaló que la discusión parlamentaria ocurre en un momento en el que la crisis habitacional y la pérdida de poder adquisitivo agravan la situación de quienes alquilan. En sus relevamientos, identifican un deterioro sostenido en las condiciones de contratación y un aumento en la informalidad laboral entre arrendatarios.

El proyecto continúa en tratamiento en el Senado de la Nación. Gervasio Muñoz expuso ante los legisladores y reiteró: "Hoy no existe protección para quienes no pagan su alquiler. Este proyecto hace mucho más fácil y rápido el proceso de desalojo".

La Cámara Alta definirá en las próximas sesiones la suerte del proyecto y el posible impacto para los sectores que alquilan vivienda en Argentina.

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