Funcionarios del Gobierno de Santa Fe ampliaron este lunes la información vinculada a la comunicación dirigida a las familias ante los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos, en particular aquellos asociados a carteles, pintadas y mensajes que simulan tiroteos. Las autoridades advirtieron sobre las consecuencias legales y económicas de estas conductas: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, recordaron.

El detalle se brindó en una conferencia realizada en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno, encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, junto a los ministros de Educación, José Goity, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, además de la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín.

Prevención y rol de las familias

En ese marco, el Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar esta problemática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.
Asimismo, la cartera educativa pidió reforzar el diálogo en los hogares y alertó sobre las consecuencias de estas conductas. Goity señaló que, tras lo ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, se detectaron nuevas amenazas asociadas a desafíos virales que “alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad”.
El ministro indicó que durante la última semana se trabajó en contacto permanente con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir en cada situación. Además, se enviaron comunicaciones a escuelas y familias con pautas de actuación y advertencias sobre los riesgos que implican estos hechos.
“Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el Código Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino también para sus familias”, afirmó Goity, quien convocó a construir una “alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado”.
En la misma línea, destacó la implementación del Programa de Educación Digital, orientado a promover un uso responsable, ético y creativo de dispositivos y redes sociales. También mencionó las rondas de convivencia, los espacios de escucha y las capacitaciones como herramientas para abordar estos fenómenos.

65 incidencias en un día

Por su parte, Cococcioni explicó que desde el área de Seguridad se trabaja en dos planos: por un lado, el abordaje de la violencia en entornos digitales en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA); y por otro, la respuesta ante amenazas concretas mediante llamados o mensajes.
El ministro precisó que “solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en toda la provincia”, lo que activa distintos protocolos de intervención.
En los casos con apariencia delictiva, se da intervención al MPA y se realizan procedimientos que pueden incluir el secuestro de dispositivos u otros elementos. Cococcioni advirtió que, aun cuando intervengan menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Además, los adultos responsables pueden ser sujetos de medidas judiciales.

Consecuencias legales y económicas

Desde el Gobierno recordaron que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.
“Hay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales”, sostuvo Cococcioni. En ese sentido, remarcó que cada intervención implica un costo operativo elevado y desvía recursos policiales que podrían destinarse a otras tareas de seguridad.
Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará -a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado- en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico en aquellos casos donde se identifique a los responsables.
Según precisó el ministro, cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, afirmó.