El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en la modernización del sistema judicial con la sanción de la Ley Nº 14.439, que crea el Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo, una herramienta destinada a reorganizar el funcionamiento del fuero, agilizar los procesos y fortalecer el acceso ciudadano a la Justicia.

La normativa redefine la estructura del fuero contencioso administrativo, ámbito en el que se tramitan las causas vinculadas al Estado provincial, municipios, comunas y otros organismos públicos. Allí se resuelven conflictos relacionados con reclamos administrativos, cuestiones previsionales, habilitaciones, sanciones y derechos de ciudadanos e instituciones frente al Estado.
La secretaria Legal y Técnica de la provincia, Julia Tonero, sostuvo que la reforma impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro “salda una deuda histórica que tenía Santa Fe” y explicó que, hasta ahora, “el control judicial de las decisiones del Estado recaía directamente sobre la Corte Suprema, lo que limitaba significativamente el acceso de la ciudadanía a esa instancia”.
En ese sentido, remarcó que la iniciativa “crea un fuero especializado, como existe en la mayoría de las provincias del país, pero además incorpora un modelo moderno de organización judicial”. Y añadió: “No se implementa con el esquema tradicional de juzgados, sino mediante un colegio de jueces especializados en materia contencioso administrativa”.

Modernización

El nuevo esquema establece un sistema colegiado integrado por ocho jueces de primera instancia y una Cámara de Apelaciones compuesta por cuatro magistrados, con competencia sobre todo el territorio provincial. Además, incorpora mecanismos modernos de gestión y asignación de causas para garantizar mayor agilidad, transparencia y eficiencia.
“Esto permitirá que las personas puedan plantear sus conflictos con el Estado ante jueces de primera instancia, con posibilidad de apelación y revisión posterior”, explicó Tonero. Asimismo, precisó que la distribución de expedientes será equitativa en toda la provincia y dejará de depender exclusivamente de criterios territoriales.
Uno de los puntos centrales de la ley es la creación de una Oficina de Gestión Judicial específica para el fuero, encargada de centralizar tareas administrativas, coordinar audiencias, ordenar expedientes y optimizar el funcionamiento interno. El objetivo es que los magistrados concentren su trabajo en la resolución de conflictos y no en tareas burocráticas.
El sistema funcionará íntegramente con expedientes electrónicos y herramientas digitales. “La distancia entre las partes y el juez ya no será un obstáculo para el trámite de las causas, que podrán desarrollarse mediante plataformas digitales y audiencias virtuales”, indicó la funcionaria.
La reforma apunta además a generar mayor uniformidad en los criterios judiciales y previsibilidad en las resoluciones, aportando más seguridad jurídica tanto para ciudadanos como para instituciones públicas y privadas.
Finalmente, Tonero afirmó que “se busca transformar un modelo de Justicia pensado para otro tiempo y avanzar hacia procesos más ágiles, modernos y cercanos a la ciudadanía”. Y concluyó: “La reforma pone a las personas en el centro del sistema”.
La implementación será progresiva y contemplará la creación de nuevos cargos judiciales y administrativos necesarios para el funcionamiento del esquema. La ley entrará en vigor a los 180 días de su publicación oficial.