El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este viernes el derribo de otro inmueble utilizado para la venta de estupefacientes, ubicado en inmediaciones de Monseñor Zazpe y Doctor Zavalla, en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico.

Con esta intervención, la Provincia alcanza los 120 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la ley por parte de la Legislatura santafesina, en diciembre de 2023, y su posterior promulgación durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El momento en que la topadora arremetió contra el frente del inmueble desató el aplauso espontáneo de los vecinos, que habían denunciado la situación del lugar.

Rumbo a seguir

Durante la intervención, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, valoró el trabajo conjunto que “empezó por los vecinos que durante mucho tiempo denunciaron a este lugar donde había actividades criminales”, que según dijo el funcionario, tuvo “cerca de 500 incidencias en el lapso de 8 meses en un radio de 200 metros a este sitio que funcionaba como punto de venta de estupefacientes pero también como aguantadero, lugar de acopio y junta de delincuencia”.
El ministro aseguró que el derribo del lugar “tendrá un efecto positivo en el barrio y contribuirá a recuperar la tranquilidad pública”, en conjunto con otras medidas que viene llevando adelante el Gobierno Provincial tales como “poner la policía en la calle, endurecer el régimen penitenciario, reformar las leyes a favor del Estado y no de los delincuentes”, agregó Cococcioni.
“Esto no es una medida aislada”, subrayó el funcionario, sino que “se da en un contexto de una política de seguridad que viene dando buenos resultados en el control de los indicadores más gruesos de criminalidad como la tasa de homicidios, con un descenso abrupto”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que “este es el rumbo que hay que mantener y fortalecer para devolverle la seguridad a los santafesinos”.

Terminar con un lugar inhabitable

El fiscal Diego Vigo destacó también el compromiso de los vecinos de la zona que “pusieron en conocimiento los hechos delictivos que se sucedían en el lugar a través de llamados al 911” y de esa manera “hicimos un análisis criminal temprano que nos permitió priorizar el caso, detectamos la situación, acreditamos el hecho delictivo, se tomó la medida cautelar para tres personas dictaminándoles prisión preventiva y luego obtuvimos el derribo”, explicó.
Vigo agregó que en el lugar se acreditó “la existencia de estupefacientes, droga fraccionada y otros elementos que nos indicaron que era tenencia con fines de comercialización”, sumando que el aspecto habitacional era “prácticamente inhumano, siendo un punto que claramente no cumple las condiciones para que personas habiten”.
Por su parte, la presidenta de la vecinal Barrio Sur, Laura D`Andrea, aseguró que alcanzar el derribo del sitio “fue una lucha de muchos años”, por lo que destacó “la decisión política de este Gobierno Provincial” lo que consideró “muy importante, porque desde la vecinal nos comprometimos a ayudar a los vecinos y vecinas” ya que “este bunker era un problema para quienes viven aquí”. La vecinalista valoro el acompañamiento de los funcionarios y destacó la importancia de “tener este desenlace para poder estar más tranquilos”.
En el lugar estuvieron presentes también la vocera provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo.