La ciudad de Rosario puso en marcha el protocolo antipicadas: operativos cerrojo, secuestro de vehículos y multas de hasta $5,2 millones esperan a quienes participen en carreras clandestinas. La ordenanza, promulgada por el Ejecutivo municipal y publicada en el Boletín Oficial, le da a la ciudad una herramienta preventiva que no existía: el Estado ya no deberá esperar a que la picada arranque para intervenir.

La norma, impulsada por la concejala Samanta Arias de La Libertad Avanza (LLA) y aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal, crea el "Protocolo de Actuación ante Pruebas de Velocidad Ilegal" y le otorga a la Secretaría de Control y Convivencia un procedimiento específico para actuar frente a competencias ilegales y conductas temerarias en la vía pública. La iniciativa nació de los reclamos de vecinos de barrios como Alberdi, La Florida, Alvear y Mercedes de San Martín, donde las picadas se repetían con frecuencia, y de denuncias sobre la Costanera Norte y la zona de bulevar Oroño y Lamadrid.

El esquema de actuación contempla tres instancias. La primera es la intervención en los puntos de encuentro donde suelen concentrarse los vehículos antes de las carreras: estaciones de servicio, playones y espacios usados como "puntos de largada". La segunda es el despliegue de operativos cerrojo para interceptar a los participantes y secuestrar los vehículos involucrados. La tercera es el mantenimiento del operativo y el monitoreo mediante cámaras aun después de dispersar a los corredores, para evitar que vuelvan a reunirse.

La ordenanza también fija un esquema de "control de saturación permanente" durante los viernes, sábados, domingos y vísperas de feriados, entre las 22 y las 6, aunque el municipio podrá ampliar los operativos a otros horarios si lo considera necesario. Además, habilita a la Municipalidad de Rosario a coordinar acciones con estaciones de servicio y comercios afectados por estas concentraciones.

Uno de los puntos que distingue a esta norma de regulaciones anteriores es el régimen sancionatorio progresivo. Las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza de forma automática según el precio del litro de nafta super. Con los valores actuales, una primera infracción implica una sanción de entre $630.000 y $1.260.000, el secuestro del vehículo, la imposibilidad de tramitar o renovar la licencia de conducir durante 90 días y la asistencia obligatoria al programa de reeducación vial. La primera reincidencia eleva la multa a un rango de entre $1.260.000 y $2.520.000, más una inhabilitación de hasta un año para realizar trámites vinculados a la licencia. Ante una segunda reincidencia, la sanción económica puede llegar a $5.250.000 y el municipio queda habilitado para solicitar ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial la inhabilitación judicial definitiva para conducir.

La norma incorpora también el decomiso de autopartes no homologadas utilizadas para aumentar la potencia o velocidad de los vehículos, como escapes modificados o potenciadores. Para recuperar las piezas retenidas, el infractor deberá presentar un certificado emitido por un ingeniero mecánico matriculado que acredite que el vehículo fue acondicionado nuevamente conforme a las normas de seguridad. Los costos de extracción y desmantelamiento corren por cuenta del infractor.

La ordenanza crea además un Programa Municipal de Concientización y Reeducación Vial antipicadas, de asistencia obligatoria para quienes sean sancionados. El curso incluirá contenidos sobre los riesgos de la conducción temeraria, las consecuencias penales y testimonios de víctimas de siniestros viales.

Al presentar la iniciativa, Arias fue precisa sobre el objetivo de la norma en diálogo con el medio regional Rosario3: "No alcanza con reaccionar después del daño. Esta ordenanza obliga al Estado a disponer la inteligencia y los medios de control antes de que la picada arranque", sostuvo la concejala. Tras la aprobación, agregó: "Hoy Rosario tiene la herramienta para prevenir junto con la ley para castigar con una severidad inédita".