El diputado Fabián Palo Oliver (FAS) ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de ley que tiene como objeto principal defender el patrimonio fiscal de la provincia y garantizar que los recursos provinciales utilizados extraordinariamente en sustitución o complementación de financiamiento nacional sean objeto de evaluación y gestión para su eventual recupero. Entre sus finalidades también se destacan el fortalecimiento del federalismo fiscal, la transparencia en la administración de créditos provinciales frente al Estado Nacional y la prevención de pérdidas por falta de registración o seguimiento.

Registro provincial de erogaciones extraordinarias
El régimen se apoyará en el Registro Provincial de Erogaciones Extraordinarias vinculadas al Financiamiento Federal —creado por la Ley de Defensa del Patrimonio Fiscal—, cuya incorporación de las erogaciones constituirá el antecedente necesario para impulsar los procedimientos de recuperación. Es importante mencionar que la inclusión en estos mecanismos no implicará, en forma automática, que se trate de una deuda exigible a Nación: la existencia y exigibilidad de cada crédito se determinará conforme la normativa aplicable y la documentación respaldatoria.

Inicio de los reclamos. Requisitos
Para iniciar cualquier reclamo será indispensable un informe técnico previo que identifique el gasto, fundamente su incorporación al Registro, actualice el monto, detalle el instrumento jurídico vinculado y recomiende la vía de recuperación. Si del análisis surge procedencia, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, podrá iniciar gestiones administrativas ante el Estado Nacional —solicitando reconocimiento de recursos, compensaciones, regularización de transferencias o acuerdos de financiamiento, entre otras herramientas— privilegiando siempre la vía de diálogo y negociación bajo los principios de buena fe institucional y cooperación federal.

Mesa de recuperación de recursos federales
La ley crea además la Mesa Provincial de Recuperación de Recursos Federales, un organismo técnico e interministerial integrado por representantes del Ministerio de Economía, la Fiscalía de Estado, la Contaduría General, la Secretaría Legal y Técnica y el ministerio o secretaría vinculada al gasto analizado, entre otros organismos que determine la reglamentación. La Mesa tendrá a su cargo el análisis de créditos, la evaluación de la viabilidad jurídica y administrativa de los reclamos, la definición de estrategias institucionales y la elaboración de informes de seguimiento.

Cuando existan créditos reconocidos o acuerdos válidos, la Provincia podrá gestionar mecanismos de compensación financiera con la Nación —compensación de obligaciones recíprocas, reconocimiento de saldos, transferencias específicas o acuerdos de financiamiento— debiendo incorporar todo acuerdo al Registro Provincial y comunicar a la Legislatura su alcance, recursos involucrados, plazos e impacto presupuestario.

La Fiscalía de Estado intervendrá en los procedimientos a fin de analizar la procedencia jurídica de los reclamos, emitir dictámenes y, cuando corresponda, representar judicialmente a la Provincia. Agotadas las instancias administrativas e institucionales y con fundamentos jurídicos sólidos, podrán iniciarse acciones judiciales fundadas en la documentación respaldatoria, la determinación técnica del monto y el dictamen jurídico respectivo.

Destino de los fondos recuperados
Respecto al destino de los recursos recuperados, el proyecto establece su afectación prioritaria a infraestructura pública provincial, fortalecimiento del sistema de salud, educación, seguridad, reducción de obligaciones financieras provinciales y programas de inversión pública. Además prohíbe su utilización discrecional: los montos recuperados deberán registrarse y afectarse conforme las finalidades previstas.

Control legislativo
En materia de control y transparencia, el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura un informe semestral con créditos evaluados, reclamos iniciados, estado de negociaciones, acuerdos celebrados, acciones judiciales iniciadas, recursos recuperados y destino asignado. La información será de acceso público conforme los principios de rendición de cuentas y transparencia.

Revisión de erogaciones anteriores
La iniciativa prevé un régimen transitorio: dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación, el Poder Ejecutivo deberá iniciar la evaluación de los créditos ya incorporados al Registro Provincial, y se deberán revisar erogaciones de ejercicios anteriores con convenios documentados, transferencias suspendidas o impactos presupuestarios significativos.

Al respecto, Palo Oliver destacó que “esta ley, en caso de aprobarse el proyecto, es una herramienta esencial para proteger el patrimonio fiscal de Santa Fe y recuperar recursos que fueron destinados a sostener programas y obras comprometidas por Nación. No se trata sólo de hacer valer derechos contables: se trata de garantizar que los santafesinos no paguen dos veces por los mismos servicios o las mismas obras”. Asimismo, subrayó que “queremos que se apruebe esta ley para que, la defensa de los recursos de la provincia, deje de ser una opción para el gobernador o gobernadora de turno y pase a ser una obligación. La transparencia, la cooperación institucional y la intervención técnica fortalecerán la posición de la Provincia en la defensa de sus recursos”.