El diputado provincial Fabián Palo Oliver (FAS) presentó un proyecto de Comunicación por el cual solicita al Poder Ejecutivo provincial que arbitre una solución habitacional permanente y medidas de protección para las aproximadamente 50 personas que perderán sus viviendas por la construcción de la nueva Estación Policial en el sector sur del Parque Federal de la ciudad de Santa Fe.

La iniciativa reclama transparencia en el proceso, notificaciones formales, diálogo con las familias y la intervención de organismos competentes para garantizar derechos básicos.

Entre los objetivos planteados por el proyecto, se pueden mencionar:
- Garantizar la reubicación efectiva y permanente de todas las personas afectadas, preservando su arraigo, redes de trabajo, educación y acceso a servicios.
- Exigir al Ejecutivo que informe a la Legislatura sobre las medidas adoptadas, el expediente administrativo y el cronograma de relocalización.
- Promover la apertura de instancias de diálogo entre el Estado, la empresa contratista, las familias y la Defensoría del Pueblo para acordar soluciones consensuadas.
- Evitar desalojos informales o coactivos delegados a empresas privadas y asegurar que cualquier procedimiento respete las garantías administrativas y judiciales correspondientes.

Entre los fundamentos, la iniciativa pone de relieve que las viviendas en riesgo alojan a personas y familias con décadas de residencia en el predio, muchas de las cuales cuentan con servicios a su nombre y documentación que acredita su permanencia. Los autores advierten que la ejecución de una obra pública no puede desconocer el derecho al hábitat ni convertirse en causa de vulneración social.

El legislador provincial cuestionó que las familias hayan recibido comunicaciones verbales por parte de la empresa contratista y que no se hayan implementado notificaciones formales, relevamientos sociales ni programas de relocalización previos a la demolición prevista. Ese procedimiento, según el proyecto, delega facultades propias del Estado en un actor privado y genera condiciones de inseguridad jurídica y social para los vecinos.

Al respecto, Palo Oliver expresó: “No podemos permitir que la concreción de un proyecto público se haga a costa de la seguridad habitacional de familias que llevan décadas en el lugar. El Estado debe garantizar procesos transparentes, diálogo y alternativas que preserven los derechos de las personas.”