La Diputada ingresó un proyecto en el Congreso de la Nación solicitando al Gobierno Nacional que se regularice el pago de las prestaciones básicas establecidas en la Ley N° 24.901 y que se aplique una actualización trimestral de los valores establecidos por el nomenclador de acuerdo al índice inflacionario.

Es que, actualmente, los prestadores de servicios de salud del área de discapacidad percibieron aumentos muy por debajo del valor inflacionario. Con una inflación del 112% en el último año y del 7,8% en mayo, recibieron un aumento del 4,5%. Un monto muy por debajo pero que, además, queda devaluado al propio mes porque los pagos se efectivizan recién entre 90 y 120 días después.

“El conflicto por las condiciones laborales del sector impacta directamente en los derechos de las personas con discapacidad. Y si bien es de larga data se acentuó en los últimos meses a partir de los últimos aumentos anunciados”, explicó Tejeda. “No se trata solo de los honorarios personales, sino también de la reducción de los tratamientos de los pacientes, que son personas con discapacidad que necesitan recibir sus terapias”.