6 de octubre de 2023
Amnistía Internacional advirtió sobre el "uso ilegal de la fuerza" de la Policía de Jujuy
"La policía provincial de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia", adelantó la entidad sobre el relevamiento que prsentará a autoridades nacionales y provinciales.�
La organización AmnistÃÂa Internacional (AI) determinó que la policÃÂa provincial de Jujuy cometió "detenciones arbitrarias" e hizo un "uso ilegal de la fuerza para reprimir la protesta social", durante las movilizaciones realizadas por comunidades indÃÂgenas en junio pasado contra la reforma constitucional en esa provincia.
Asàquedó expuesto en un informe elaborado por AI y cuyas sÃÂntesis fueron difundidas este jueves en un comunicado.
"La policÃÂa provincial de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia", anticipó AI sobre los hallazgos preliminares del estudio que presentará a autoridades y comunidades.
La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, sostuvo que la organización concluyó que la PolicÃÂa de Jujuy "respondió con uso de fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos", luego de que en esa provincia se aprobara una nueva Constitución "sin consultar a la población y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios".
La investigación -reveló Pique- deja ver "cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña no ejerza su derecho a protestar pacÃÂficamente".
El informe surge de la visita de una delegación de AmnistÃÂa Internacional entre el 25 y 29 de septiembre último a la ciudad de San Salvador de Jujuy y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques en la provincia gobernada por Gerardo Morales.
Allàse entrevistó al menos a 107 vÃÂctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades indÃÂgenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial.
Además, se solicitó reunión con la SecretarÃÂa de Derechos Humanos y la SecretarÃÂa de Pueblos IndÃÂgenas de Jujuy, las cuales aún no se pudieron concretar.

