La Empresa Provincial de la Energía continúa con las tareas de detección de conexiones irregulares, como parte del Plan de Disminución de Pérdidas No Técnicas en las redes de distribución. Desde la última semana, se vienen realizando verificaciones técnicas de suministros, detectando conexiones antirreglamentarias en la zona residencial del Dique 2 del Puerto de Santa Fe, entre las calles Rosaura Schweizer, 1° de Enero y Remolcador Meteoro.

El operativo surge como consecuencia de investigaciones realizadas en la zona e impulsadas a través de un trabajo colaborativo entre la sucursal comercial y agentes de sectores de Inspección y Recupero de Energía. En esta oportunidad, se labraron Actas de verificación, bajo el código de Conexión Directa Clandestina en Acometida Sin Medidor, lo que implica que la energía ingresaba al domicilio por los conductores, sin equipo de medición que registre el consumo.

Concretamente, hasta el momento se rubricaron 16 actas sobre suministros -uno de ellos comercial- que se encontraban con instalaciones eléctricas antirreglamentarias. Representan la confección de notas de débitos por energía suministrada y no registrada, en el orden de los $ 1.5 millones, lo que significa un recupero de energía que asciende a 24.700 kWh. El operativo finalizará esta semana y se extenderá luego, en otras zonas del Puerto.

Estas tareas forman parte de un plan prioritario de disminución de las pérdidas no técnicas, que tiene como objetivo mejorar la facturación de los consumos, la calidad del servicio a los usuarios, adecuando la infraestructura eléctrica a las necesidades de la población y ordenando la información de la energía abastecida, en el contexto de la obligación de los usuarios de un servicio público esencial.

Asimismo, la EPE recuerda que siguen vigentes las vías de recepción de denuncias anónimas sobre irregularidades en el servicio: 0 800 555 0083, en la oficina virtual de la empresa, a través de la web oficial, www.epe.santafe.gov.ar/?denunciafraude y [email protected].

El hurto de energía, además de poner en riesgo la seguridad de las personas involucradas, constituye un delito que se encuentra tipificado en el código penal y perjudica la calidad de servicio que reciben otros usuarios que cumplen con sus obligaciones.