Modificaciones sancionadas:
Artículo 2: Define las funciones del programa, que incluyen:
Promover reuniones periódicas entre autoridades judiciales, ejecutivas,
policiales y municipales.
Elaborar un "Mapa del Delito Rural".
Reunir estadísticas y antecedentes del delito rural y abigeato.
Efectuar tareas similares con información de provincias limítrofes.
Llevar registros detallados de los delitos y procedimientos.
Recabar información sobre sistemas de control y vigilancia.
Evaluar y formular recomendaciones a las autoridades.
Proponer reformas legislativas.

Artículo 3: Crea el Comité Central del Programa, integrado por
representantes de varios ministerios, el Poder Judicial, entidades
ruralistas y legislativas.

Artículo 4: Establece la división del territorio provincial en ámbitos
zonales coincidiendo con las circunscripciones judiciales.

Artículo 5: Conforma comités zonales con representantes de
municipalidades, autoridades judiciales, policiales y entidades rurales.
Estos comités:
Intervienen en la ejecución de programas y acciones.
Difunden los programas y fomentan la participación social.
Brindan asesoramiento a ciudadanos y productores pecuarios.

Artículo 6: Designa al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública como
la autoridad de aplicación de esta ley, coordinando actividades y
fijando reglamentos para el Comité Central y los comités zonales.

Fundamentos del Proyecto:
El proyecto reitera las disposiciones de la Ley 12256, creada en 2003
pero no implementada ni reglamentada adecuadamente. Las modificaciones
buscan actualizar y activar las disposiciones para abordar de manera más
efectiva la seguridad rural y el abigeato. La iniciativa destaca los
beneficios de un trabajo coordinado entre diferentes niveles de gobierno
y sectores, la creación de mapas delictivos y la recopilación de datos y
estadísticas para una mejor toma de decisiones.

Antecedentes Legislativos:
El proyecto original fue presentado en 2022 y tuvo media sanción en la
Cámara de Senadores, pero no fue tratado en la Cámara de Diputados, lo
que llevó a su caducidad. El presente proyecto reproduce y amplía esos
esfuerzos previos.

“Este proyecto de ley busca establecer un marco operativo y
organizacional claro para enfrentar el delito rural y el abigeato,
promoviendo la cooperación interinstitucional y la participación de
diversas entidades y niveles de gobierno.