El déficit de la Caja de Jubilaciones no es el verdadero problema. Lo que agrava la situación es el incumplimiento del Gobierno Nacional y de la ANSES en la transferencia de los fondos que corresponden a la provincia. Pretender que la solución a esta falta de compromiso se descargue sobre los trabajadores y jubilados es inaceptable.

Nos preocupa profundamente que el Ejecutivo intente avanzar sobre las facultades de la Caja de Jubilaciones, afectando el correcto funcionamiento de una institución que ha sido garante de derechos adquiridos por generaciones de trabajadores.

Este proyecto perjudica los derechos de los trabajadores con medidas que, en el actual contexto de emergencia, no son razonables ni justificadas. Además, la administración Pullaro no ha brindado la información necesaria para que podamos legislar con responsabilidad y de forma adecuada. Gobernar de esta manera no es más que una táctica para avanzar en una agenda que sobre dimensiona las dificultades del sistema, con la intención de imponer medidas extremas que atentan contra los derechos de los trabajadores y jubilados. Esto no puede pasar desapercibido ni debe ser tolerado.

Cualquier reforma previsional debe surgir de un debate profundo, transparente y consensuado, algo que lamentablemente se evitó en esta ocasión. Esperamos que en la Cámara de Diputados se revierta este proceder y se dé la oportunidad de discutir con seriedad y respeto por quienes han dedicado su vida al servicio público.

Finalmente, advertimos sobre el verdadero riesgo de este proyecto. Bajo el pretexto de eliminar privilegios, el gobernador Pullaro busca implementar una reforma que afectará a todo el sistema jubilatorio, utilizando la indignación pública generada por los beneficios desmedidos de unos pocos para justificar un ajuste que impactará sobre los derechos adquiridos por la mayoría de los trabajadores. Este intento de desmantelar derechos no debe ser aceptado.