La Mesa Permanente de Salud, que integran los ministerios de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a cargo de Silvia Ciancio, Ricardo Pieckenstainer y Guillermo Grieve, respectivamente, manifestaron su profunda preocupación ante el anunciado cierre de los servicios de guardia y de internación del Hospital Nacional de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte”, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dependiente del Estado Nacional. A través de sus respectivas áreas de Salud Mental, las provincias expresaron que esta decisión no solo deja a los usuarios sin un lugar donde recibir la atención necesaria, sino que también vulnera los derechos de los pacientes y los trabajadores.

“Este acto refleja un desinterés por la salud pública en su conjunto y carece de una justificación clara, agravando una situación sanitaria ya alarmante”, alertaron, entendiendo que la medida pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales de atención, tales como las guardias y las internaciones en uno de los principales hospitales nacionales dedicados a la salud mental, desatendiendo a personas en situación de vulnerabilidad y afectando gravemente la calidad de la respuesta sanitaria.

Además consideraron que el cierre pone en peligro la estabilidad laboral de los profesionales de la salud mental, cuyo trabajo resulta fundamental para garantizar el bienestar y la recuperación de las personas que reciben tratamiento. La continuidad de los tratamientos, tanto en internaciones como en consultas ambulatorias, debe estar asegurada en todo momento por el Estado, en su rol de garante del acceso a servicios de salud.

“Es imprescindible que cualquier reestructuración o descentralización de estos servicios se realice con plena consideración de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, tal como lo establecen los principios fundamentales de nuestro sistema de salud mental”, apuntaron.

Por esos motivos, solicitaron al Estado Nacional que aclare de manera urgente los planes para asegurar una atención adecuada y que tome decisiones dentro de un marco de diálogo amplio y transparente con los actores involucrados. “La protección de la salud mental de la población debe ser una prioridad”, concluyeron.