El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, Omar Pereira, junto a los fiscales Pablo Socca y Lisandro Artacho del Ministerio Público de la Acusación (MPA), monitorearon la inactivación de tres inmuebles ubicados en Superí 1963, Superí 1940 y Crespo 3971 (solicitada por el fiscal César Pierantoni) de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico sancionada por la Legislatura a comienzo de la gestión de gobierno de Maximiliano Pullaro.

En la oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, detalló que “finalizando el año, completamos 39 derribos en la provincia, 30 de ellos en la ciudad de Rosario, y seguramente habrá alguna más. Seguimos avanzando con la implementación de la Ley de Microtráfico, que vino a constituirse en una herramienta importante no solo contra la venta de estupefacientes al menudeo, sino de toda la contextualización de violencia que esto implica”.

Al ser consultado sobre los resultados de estas políticas, Pereira marcó que “hay un incremento en los derribos, hay un incremento en las detenciones, hay un incremento en los secuestros de estupefacientes al menudeo y también en grandes cantidades, que son derivadas a la Justicia Federal”.

Sobre el final, destacó la importancia de que los ciudadanos denuncien este tipo de delitos: “Los habitantes de Rosario han comprendido la importancia del sistema 911 para el llamado, como el 0800 para denuncias anónimas, y eso constituye un elemento importante para poder presentarle el caso al fiscal y que comience la investigación más profunda”.

Cambio

Por su parte, el fiscal Lisandro Artacho, del Ministerio Público de la Acusación, apuntó que la investigación “se viene realizando hace dos o tres meses, a raíz del análisis pormenorizado de los llamados al 911 que hacen las personas que viven aquí en la zona y dan aviso de estas bandas que comercializan. Hasta hace poco tiempo, aquí había filas de personas esperando para comprar estupefacientes; esto es lo que han denunciado los vecinos de manera incansable. Y hoy venimos a tratar de poner fin a esto”. “La semana pasada hemos imputado a un conocido actor en la zona, “Frentudo” Fernández, y se ha dispuesto la prisión preventiva por dos años y de acuerdo al resultado de la investigación este es un puesto de venta que pertenecía a la banda”, detalló.

Luego, explicó por qué en este caso no se realizó el derrumbe: “La solicitud fiscal fue para proceder al derrumbe pero, por cuestiones edilicias, se ha dispuesto provisoriamente la inactivación de todas las ventanas. Hemos tapiado y bloqueado todos los accesos a estas viviendas”. Sobre el final, dijo que en la oportunidad no hubo detenciones ya que “no había nadie en el lugar” y que, según los informes de la Dirección de Vivienda y de Catastro, “estas casas no son de nadie, pertenecen a personas que quizás ya han fallecido, que no residen más en el lugar y son apropiadas por estas bandas para búnkers”.

Inactivación y derribo de puntos de venta de droga

Con estas nuevas intervenciones, la cifra de puestos de venta de estupefacientes inactivados y demolidos asciende a 39 en toda la provincia. Cabe recordar que estos operativos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

La inactivación y/o derribos de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

Asimismo, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.