Uno de los programas observados fue el plan de enoturismo, que distribuyó $300 millones entre 147 bodegas para fortalecer su infraestructura turística. Según el informe de la Sigen, los fondos fueron entregados en dos tramos de $150 millones, sin que se garantizara un control riguroso sobre su ejecución. En este sentido, se detectó que el expediente administrativo carecía de requisitos básicos como correlatividad y orden temporal, lo que dificultaba su integridad. Además, la documentación no incluía informes técnicos ni económicos-financieros detallados sobre la viabilidad de los proyectos aprobados.

El informe también advierte sobre el destino de los recursos. Se identificó que parte de los fondos otorgados por el Fondagro fueron invertidos en instrumentos financieros, como Fondos Comunes de Inversión, en algunos casos sin autorización expresa. Asimismo, en cuatro bodegas específicas -ubicadas en Entre Ríos, Jujuy, Salta y Río Negro- se constató que los proyectos presentaban incumplimientos en sus objetivos iniciales, con inversiones no ejecutadas o alteradas por problemas económicos.

Aunque la auditoría del Sigen fue sobre Fondagro, no sobre Coviar, fue la Corporación Vitivinícola Argentina la encargada de poner paños fríos en el asunto y aclarar la situación.