El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este miércoles el derribo de un puesto de venta de estupefacientes en Pasaje Galisteo entre Pasaje Mitre y Juan Díaz de Solís de barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe. 

De la acción formaron parte la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; y los fiscales del MPA, Fernando Iglesias, Diego Vigo y Diego Carbone. 

Degradación social

En ese contexto, Cococcioni reconoció que en el lugar “además de la venta de estupefacientes, había violencia” a tal punto que “llegó a haber un doble homicidio de personas que fueron a refugiarse y resultaron ultimadas”, por lo cual, aseguró que para el barrio “era un factor de degradación social porque los vecinos tenían que convivir con los delincuentes que entraban y salían del lugar”. 
El Ministro recordó que el lugar “llevaba mucho tiempo siendo señalado por vecinos en distintos llamados al 911, vinculándolo a la venta de estupefacientes” ya que el sitio “era utilizado como punto de parada no solo para venta de droga sino también para actividades delictivas tales como refugio de delincuentes y esconder objetos robados”.  
Por su parte, el fiscal Diego Iglesias aseguró que el derribo del búnker “es una medida dentro de una investigación compleja que tiene vinculación con la violencia altamente lesiva” y que el lugar “no sólo estaba vinculado a tareas de microtráfico sino también a otros delitos que se conectan en la investigación y nos llevaron a otros varios domicilios más”.

Derribo e inactivación de búnkers

Los operativos de derribo e inactivación de búnkers, que se desarrollan en el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, ascienden a más de 50 en toda la provincia, y se desarrollan desde principios de 2024 por impulso del gobernador Maximiliano Pullaro, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
La inactivación y derribo de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
Asimismo, apunta a dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.