El fiscal federal Javier Matías Arzubi Calvo, quien supervisó la investigación, describió la situación como un abuso de poder grave. De acuerdo con su acusación, Aguilar no solo permitió que se llevaran a cabo actos ilegales bajo su supervisión, sino que participó activamente en la obtención de datos mediante la tortura de los detenidos.

A su vez, detallaron cómo, una vez obtenida la información sobre el proveedor, se realizó otro allanamiento ilegal en una propiedad ubicada en Forest al 5600 de Rosario, en el que los agentes involucrados se desplazaron sin orden judicial ni justificación, utilizando vehículos oficiales y actuando de manera clandestina. En este segundo operativo, también se sustrajeron más armas y drogas.