14 de mayo de 2025
Fueron a allanar la empresa a cargo de la internación domiciliaria de Maradona, pero descubrieron que no funciona ahí desde hace 5 años
Se trata de Medidom, prestadora de servicios de la prepaga del Diez. La medida había sido ordenada en las últimas horas
>En el marco de la causa que investiga la muerte deSe trata de Medidom, cuyo domicilio legal figura en la calle Güemes 4243, en el barrio porteño de Palermo. Fue allà a donde personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales se movilizó para ejecutar el operativo por instrucción del Juzgado Nacional de Rogatorias y del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.Sin embargo, el procedimiento no salió como esperaban: según supo Infobae, al llegar al edificio en cuestión, los agentes constataron que la compañÃa se habÃa mudado. No funciona más allà desde hace aproximadamente 5 años, cuando murió Diego.El objetivo del operativo era secuestrar todo el material, tanto fÃsico como digital, que sea de interés para la causa. Por ejemplo, la documentación correspondiente al perÃodo en el que se organizó y montó la internación domiciliaria para Maradona en Tigre.La orden también incluÃa la incautación de dispositivos electrónicos y el secuestro de correspondencia digital, como mails o chats, que pudiera contener datos vinculados a la investigación.
El allanamiento se ordenó una semana después de que se hiciera el registro en ClÃnica Olivos, donde, luego de la declaración del director del sanatorio, Pablo Dimitroff, los jueces del TOC Nº3 de San Isidro pidieron secuestrar todos los archivos relacionados con la salud de Maradona con fecha entre el 3 y el 11 de noviembre de 2020.
El operativo se hizo el pasado martes a la noche. Una vez dentro del sanatorio, los uniformados se entrevistaron con el médico a cargo, doctor Juan Molinos; el gerente de la clÃnica, Pablo Castiello; y el apoderado de la prepaga, Claudio Gabriel Ravinovich, quienes interiorizados de la diligencia, autorizaron el acceso a los sistemas informáticos.Durante el operativo, también buscaban incautar documentación sobre otros procedimientos que se practicaron en la ClÃnica durante el perÃodo establecido.
La medida fue decidida por unanimidad a partir de un pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, doctor Patricio Ferrari, uno de los fiscales a cargo de la acusación pública, quien solicitó hacer un registro del establecimiento de zona Norte por considerar que hay pruebas que involucran a los imputados y que no fueron aportadas en la causa.
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