Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este martes el derribo de un puesto de venta de estupefacientes en calle Manuel Leiva, entre Cristo Obrero y el pasaje Unidad, pleno barrio Villa del Parque en la ciudad de Santa Fe. En el lugar no vivía ninguna familia sino que era utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes.

La medida fue dispuesta por la Justicia y solicitada por la fiscal Yanina Tolosa, en el marco de una causa por microtráfico que comenzó con un operativo de fuerzas federales, y priorizada por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General. La propia funcionaria estuvo en el lugar junto a la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes y el subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte.

Política de Estado

En ese contexto, Coudannes destacó que este operativo “es el cuarto derribo en la ciudad de Santa Fe y ya llevamos más de 60 en toda la provincia” en lo que denominó “una política de Estado que tiene que ver con una decisión, un acompañamiento legislativo, pero sobre todo con un trabajo mancomunado entre el MPA, el Ministerio de Seguridad, la PDI y las fuerzas de seguridad. Para nosotros es muy importante todo lo que la gente nos pueda transmitir".
Cabe destacar otros puntos que se desactivaron, “en la parte centro-norte de la provincia, como el departamento Castellanos, Frontera; y hace unos días estuvimos en Esperanza", recordó Coudannes. 
Por su parte, Montenotte explicó que “en el marco de la implementación de la Ley de Microtráfico está prevista la desafectación de los inmuebles que se usan como puntos de venta de estupefacientes” y que respecto al domicilio derribado este martes, “una audiencia que se llevó adelante el viernes de la semana pasada, a cargo de la fiscal Tolosa, se pidió destruir este inmueble donde se comercializaban drogas”. 
Asimismo, Montenotte destacó que se vuelve a estar en una zona donde “muchas veces hemos venido por situaciones de violencia y hoy venimos a destruir este punto de venta, que seguramente había generado no solo delitos de comercialización de estupefacientes, sino también otros delitos asociados cometidos por distintas bandas y delitos predatorios”, y resaltó que el lugar “no tenía condiciones para habitar, como baño ni cocina. Las veces que estuvimos presentes haciendo el reconocimiento previo, vimos que había sido usado como lugar para venta”, cerró.

Múltiples denuncias

La fiscal Tolosa detalló que el inmueble demolido se encontraba en una “zona de hechos donde se dan delitos altamente lesivos, donde hay llamados al 0800 o al 911 denunciando detonaciones de arma de fuego, personas con portación de arma blanca o de fuego, amenazas”, por lo cual aseguró que “es muy propio que se puedan llegar a dar en estos lugares construcciones precarias, donde el objetivo es la compra-venta de estupefacientes”. 
Sobre la investigación propiamente dicha, la funcionaria judicial reveló que la existencia del búnker fue advertida “a través de un patrullaje de Gendarmería Nacional” y luego “fue que, por un hecho en flagrancia, desde la fiscalía se toman medidas, se inicia la investigación, hay una persona que está investigada al respecto, y dentro de esta pesquisa es donde se advierte uno de los denominados búnkers”. A partir de allí, “surge la medida que solicitamos ante un juez el viernes -en este caso fue el doctor Lazzarini-, que la autorizó y hoy la estamos llevando a cabo”, destacó. 
Por último, Tolosa fue clara al asegurar que “esta medida de seguridad impacta directamente en los vecinos que viven en la zona” y recordó que “las denuncias pueden hacerse a través de la página web del MPA, de manera online desde la computadora o el celular. También en una comisaría, en los Centros Territoriales de Denuncia, o por supuesto, al 0800 o al 911”. 

Narcomenudeo

La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.