El gobernador Maximiliano Pullaro participó este jueves de la cuarta subasta de bienes decomisados al delitos, que realizó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), de la que participaron 3.910 personas de todo el país para adquirir 157 lotes de vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos.

En la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, Pullaro destacó que “estamos ante un hecho único en la República Argentina, porque esta subasta se da únicamente en la provincia de Santa Fe. Les estamos mostrando al país y al mundo como estamos trabajando contra el narcotráfico, la violencia y el delito”.
En este sentido, detalló que “a través de las investigaciones se los detiene, a los violentos se los pone en lugares de alto perfil y prácticamente se los incomunica para que no puedan seguir cometiendo delitos, pero además vamos por sus bienes, para demostrar que la plata que hicieron de manera ilegal en la provincia de Santa Fe no les va a servir absolutamente para nada”.
“No sólo investigamos y detenemos, sino que entendemos que es fundamental sacarles los bienes, la capacidad que tienen para articular y pagar buenos abogados o contadores; impunidad”, afirmó el mandatario. “Quitarles los bienes -agregó- significa darles un golpe en la estructura del poder económico de las organizaciones criminales”.
Por último, Pullaro señaló que “hoy, con esta subasta, estamos demostrando que las cosas en Santa Fe están cambiando; es una muestra de que el narcotráfico, el delito y la violencia están retrocediendo; y que cuando el Estado quiere, puede vencer.  Es Santa Fe se terminó la impunidad”, concluyó.

Modelo para replicar en el país
En tanto, la vicegobernadora Gisela Scaglia afirmó que “Santa Fe es la única provincia que tiene una ley de decomiso que puede hacer este tipo de subastas. Este es el modelo que le queremos llevar a la Nación. Si hoy Argentina tuviera una ley de extinción de dominio seguramente los narcos que no están en la Provincia de Santa Fe, no tendrían ningún bien para seguir haciendo operaciones. Por eso este modelo, donde encerramos a los narcos pero además les quitamos todos sus bienes para que no tengan ninguna posibilidad de seguir haciendo daño en la sociedad, es el que tenemos que replicar en la Argentina”. 
Por último, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, preció que “esta es la subasta presencial más grande de la República Argentina. Hoy estamos demostrando que con mucha decisión política, el Estado le quita los bienes que los delincuentes adquirieron a través del delito y con mucho sufrimiento de la ciudadanía. Además hay mucha confiabilidad en el Gobierno de Santa Fe. Hubo más de 3.900 inscriptos que confían en estos mecanismos porque hay un gran protocolo de seguridad”.
Participaron también de la actividad el diputado provincial Pablo Farías; senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Adriana “Chuchi” Molina; el subsecretario y director de la Aprad, Hernán Matich y Martín Domene. 

Sobre la Aprad

La Aprad es el organismo provincial que administra los bienes y efectos secuestrados o sometidos a otras medidas judiciales derivadas de delitos o contravenciones, con el fin de darles utilidad social.
Los bienes pueden ser automóviles, insumos informáticos, celulares, joyas o inmuebles. En el caso de vehículos, pueden asignarse a la Policía, al Servicio Penitenciario o a instituciones educativas y asistenciales de la provincia. También pueden ser rematados o compactados. Los elementos de cocina, vestimenta y demás bienes hogareños pueden destinarse a entidades de beneficencia.
En las tres subastas anteriores realizadas durante la actual gestión de gobierno se recaudaron un total de 2.326 millones de pesos. El dinero recaudado se destina a reparar a las víctimas de los delitos, se vuelca en políticas sociales, y se utiliza también para autofinanciar la Aprad.