En los últimos días se han registrado hechos represivos en distintos lugares del país que deben llenarnos de preocupación y alerta sobre un modus operandi de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales que tienden de una u otra manera a reprimir la protesta social y sindical.

Hechos ocurridos en Rosario, Mendoza o en la Plaza de los dos Congresos en Buenos Aires empiezan a marcar un antes y un después y corroboran la afirmación antedicha.

Nada es casual: el lanzamiento del Protocolo antipiquetes -donde dicho sea de paso primero no se podía manifestar por la calle, pero ahora la policía reprime sobre las veredas y espacios verdes- es el marco teórico y práctico desde donde surgen los comportamientos y operativos en diferentes ámbitos y espacios.

A partir de allí, la Policía de la Provincia de Santa Fe, detuvo a siete jóvenes por una pintada. El hecho en sí es grave, pero peor aún que el Jefe de Policía de Rosario haya dicho que él dio la orden, mientras los estamentos políticos del gobierno miran para otro lado.

Es decir, nos avisan que van a reprimir cualquier intento de manifestación que cuestione las políticas del gobierno Milei y habilita a cualquier otro tipo de procedimientos. Es importante resaltar que la pintada en cuestión no estaba dirigida contra ninguna acción o figura del gobierno provincial; con lo cual se infiere la indisoluble relación entre Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro.

Estamos presenciando la conformación de un régimen violento y autoritario, avasallando los poderes de la República y los derechos constitucionales, que está a la espera de su implementación en el interior del país. Esperemos que el Gobernador de la Provincia sea legítimo heredero de las luchas del Brigadier López y no cómplice del desmantelamiento del Sistema Federal.

Los trabajadores y trabajadoras municipales defenderemos nuestros derechos, asumiendo las formas de protesta y reclamo que la Constitución Nacional nos habilita.