Desde FESTRAM consideramos un logro la convocatoria al Consejo Económico y Social y en términos de participación, la inclusión de una diversidad de instituciones, organizaciones, y sindicatos, que con sus propias particularidades da cuenta del entramado social de la comunidad y su relación con el Estado.

Es desde esa perspectiva que hemos presentado, las consideraciones que detallamos adjuntas a la presente, pues entendemos necesario profundizar el debate y la construcción de consensos sobre temas vertebrales para el conjunto de la Provincia.

Focalizar plenamente las problemáticas, los intereses y características del contexto actual son elementos fundamentales en esta tarea.

DOCUMENTO PRESENTADO:

Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe valoramos la convocatoria realizada para poner en funcionamiento el Consejo Económico y Social y rescatamos la actitud del conjunto de sus integrantes por abordar con seriedad y profundidad distintos tipos de temas.

Sin embargo, deseamos advertir que esta construcción y formulación de proyectos no está sustentada en un espacio aséptico, sino en una dinámica y coyuntura, donde el contexto juega un papel preponderante.

Desde allí consideramos que ningún estamento nacional, provincial o local, ninguna institución del ámbito privado, o de ese universo que lo integran las organizaciones sociales, comunitarias, intermedias, de bien público va a quedar al margen de las implicancias y aplicación del DNU, la Ley Bases y el Consenso Fiscal. En esta secuencia con sus implicancias, se comprende y alerta, una vez más, sobre la magnitud de lo firmado por nuestro gobernador en la Provincia de Tucumán.

Como decíamos esta decisión adoptada, tiene un marco, un escenario político, económico y social. Para ello dos datos. El primero proviene del Movimiento de los Sin Techo de Santa Fe que en estos días ha informado que “hay más de 13 mil familias que viven en situación de indigencia” en la ciudad capital de nuestra Provincia, y por el otro, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz que informó que en los barrios populares de Rosario “un hogar necesitó 500.331 pesos sólo para cubrir los alimentos mínimos y que el costo de vida para una familia de los barrios populares de Rosario trepó en junio a 1.233.863 pesos”.

Esta es la realidad sobre la que estamos parados, accionando, debatiendo ideas, proyectos y fundamentalmente, prioridades en la gestación de políticas públicas y su coordinación con las iniciativas institucionales que cada uno en particular viene llevando adelante.

No estamos negando la importancia del tema seguridad, de lo educativo, la energía, o la justicia; es más valoramos la preocupación por encaminar el primero de los nombrados las iniciativas de reforma en el último -por mencionar dos elementos a considerar- pero entendemos que la realidad nos debe interrogar sobre que políticas públicas se están implementando, que impacto, presupuesto y alcance tienen para avanzar sobre la integralidad y causas de los problemas y desafíos que enfrentamos en términos sociales.

El Gobernador Pullaro planteó, ya en el mes de enero del corriente año, que había que implementar un impuesto a los sectores de mayores ingresos. Desearíamos conocer y debatir sobre esta iniciativa que consideramos central para las finanzas provinciales y una justa distribución de la riqueza. Esto implicaría incorporar otra mirada y otras prioridades en nuestras reuniones y proyectos.

Los ejemplos hasta aquí mencionados, dan cuenta de la complejidad de la situación, pero también de la necesidad de construir una agenda mucho más abarcativa, que no quede solo restringida a proyectos del ejecutivo provincial.

Y en este contexto de problemas y carencias, la Provincia se ha sumado a una decisión del Presidente de la Nación -el Pacto de Mayo- que no sólo reafirma un ideario liberal -sobre el cuál podemos tener múltiples miradas- sino que avanza claramente -junto a la Ley Bases- en algunos aspectos que sostenemos deben ser parte de ese listado de temas de absoluta prioridad.

Nos sumamos aquí, al alerta expresado, por distintos sectores productivos -como FISFE- sobre las consecuencias de estas medidas en las pymes y el sector industrial de toda la provincia; mientras se producen cierre de empresas y comercios, despidos, suspensiones en numerosos rubros. No es materia opinable: los datos están corroborados en todo el país por el cierre de las cuentas sueldo en los bancos o por los informes de las distintas Cámaras empresariales. ¿Cuáles son los programas que se están implementando de forma integral y sostenida para abordar esta realidad que no sea otra que correr detrás de los conflictos?

Con la política de la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo se están regalando nuestros recursos naturales al mejor postor, donde el Río Paraná se habilita al contralor de fuerzas extranjeras y el peaje para los barcos que lo transitan vuelven al control privado. Los puertos y las multinacionales que en ellos actúan merecen un abordaje insoslayable. Es ya muy evidente la decisión del gobierno provincial por habilitar, reconocer y convalidar estas iniciativas que parten tanto del Ejecutivo Nacional como de sectores económicos en nuestro territorio provincial.

Hoy en la Provincia de Santa Fe se está analizando de distintas formas, y en diferentes ámbitos algunos temas que ameritarían estar en la centralidad de nuestras discusiones: IAPOS, CAJA DE JUBILACIONES, REFORMA CONSTITUCIONAL, DERECHOS LABORALES. La resolución de los mismos de una u otra manera, perfilarán y resignificarán la estructura social y política del conjunto de la sociedad y no sólo de sus áreas estatales.

Es más, entendemos que el MODELO PRODUCTIVO debe estar también, en las opciones prioritarias, para conocer allí el rol que en el mismo -a criterio del gobierno provincial- tienen los trabajadores y trabajadoras, las cooperativas, mutuales, pymes, la denominada economía social, entre otras variables y no sólo referenciar a las entidades del campo o a la Bolsa de Comercio de Rosario, cuando de abordar este punto, se trata.

Por más que se pretenda utilizar al concepto de Federalismo contra determinadas políticas de Javier Milei, en los hechos, en lo sustancial, en lo que reafirma una concepción de como tiene que estar estructurada una sociedad, el Gobierno de Maximiliano Pullaro se alinea cada vez más, explícitamente, con el Gobierno Nacional, con todo lo que ello implica.

Por lo tanto, necesitamos que el Ejecutivo Provincial nos informe adecuadamente sobre las implicancias, datos y toda información que permita clarificar las consecuencias que la Ley Bases, el Consenso Fiscal y el Pacto de Mayo van a tener sobre nuestras comunidades, municipios y comunas.

Las y los municipales santafesinos somos, por nuestro alcance territorial, protagonistas diarios de la vida de ciudades y pueblos, por lo tanto, creemos que, desde esa realidad cotidiana podemos opinar, formular propuestas y aportar con situaciones ciertas al análisis y toma de decisiones que desde los poderes del Estado se haga.

Tenemos la experiencia de lucha de los años 90 pero también el recuerdo imborrable de las políticas que buscaron sostenerse a base de privatizaciones y quita de derechos, con la caída de los recursos -al último eslabón- en la distribución de coparticipación, con municipios sin recursos y abandonados a su suerte, con una conclusión lapidaria: los que sufrieron esto fueron los trabajadores y trabajadoras y los vecinos y vecinas de cada conglomerado urbano de nuestra Provincia.

Consensuar ejes de debate, acceder a la información que permita tener un diagnóstico preciso de cada situación y elaborar propuestas posibles y concretas, son elementos absolutamente indispensables en la conflictividad y complejidad de la actual coyuntura nacional y provincial.

La paz es un valor potenciado por FESTRAM ante cada paritaria y frente a los conflictos pasados y presentes. Sin justicia social la misma corre peligro. Asumamos la responsabilidad sobre la gravedad de lo que esto implica.