Lunes 18 de Agosto de 2025

25 de febrero de 2025

Un diputado del PRO quiere que todos los funcionarios del Estado se sometan a un narcotest

El proyecto de ley incluye también a directivos de organismos autárquicos y empresas estatales, y deja afuera a los empleados públicos

>El diputado nacional del La propuesta, que acaba de ingresar al Congreso de la Nación para su tratamiento, establece en su artículo 1 “la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios” para “garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública”.

En la redacción original del texto, están alcanzados por la ley todos los funcionarios del Ejecutivo, la Justicia y el Congreso. Esto incluye, además, a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales, así como también a autoridades de rangos equivalentes en provincias o municipios que adhieran, eventualmente, a esta legislación.

Entre las sustancias que buscará detectar el examen están previstas la cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, alucinógenos y otras drogas sintéticas, siempre y cuando no estén “prescriptas por un profesional de la salud”.

En caso de que el resultado del narcotest propuesto encuentre resultados positivos, se abren una serie de escenarios que podrían concluir con el desplazamiento del funcionario.

De aprobarse la redacción original del texto, primero se ofrecerá una contraprueba, que podrá ser solicitada dentro de las 48 horas para revalidar los resultados del estudio.

En caso de que esta persona sea del Poder Ejecutivo, una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción emitirán un informe al Presidente de la Nación, quien tomará la decisión final sobre su futuro en el Gabinete.

Si se trata de un diputado, senador o autoridad del Congreso, se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la respectiva Cámara. Esta “podrá recomendar la destitución y, en caso de ser aprobada por mayoría simple, se iniciará el procedimiento de juicio político o remoción según corresponda”, según prevé el proyecto.

“Si el funcionario da positivo en más de una ocasión, se aplicará automáticamente el procedimiento de remoción conforme a las normativas vigentes de cada poder del Estado”, plantea además la iniciativa del diputado electo por la provincia de Santa Fe.

El costo del examen toxicológico será afrontado por cada funcionario, y rechazar el procedimiento será considerado igual que si el resultado fuera positivo, tal como sucede con los controles de alcoholemia en la vía pública.

Y agregó: “En provincias como la mía, Santa Fe, donde en los últimos veinte años el narcotráfico ha avanzado de manera alarmante y ha penetrado diversas esferas de la sociedad, la necesidad de controles más estrictos sobre los funcionarios públicos se vuelve aún más urgente. La violencia ligada al narcotráfico en ciudades como Rosario hacen imprescindible la implementación de mecanismos de control como el presente proyecto. No se trata únicamente de una medida preventiva, sino de un compromiso ineludible con la transparencia y la seguridad de la ciudadanía. En una provincia que ha sido testigo del impacto devastador del narcotráfico, exigir a los funcionarios públicos un estándar de conducta intachable es una necesidad imperiosa para garantizar que las decisiones de gobierno no se vean contaminadas por intereses espurios”.

El Gobierno de Los exámenes toxicológicos están enmarcados en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia que impulsaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.

El 5 de marzo, a través de la Lotería de San Luis, se realizará el primer sorteo para definir a los primeros 100 funcionarios provinciales que deberán someterse al examen obligatorio.

COMPARTIR:

Comentarios

  • Desarrollado por
  • RadiosNet