26 de junio de 2025
El Gobierno celebró la decisión de la Justicia de aplicar el juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA

“Vamos a poder juzgar a los terroristas”, señaló Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La medida fue tomada este mediodía por el juez Rafecas a pedido de la UFI AMIA
El respaldo del Ejecutivo a la labor judicial se da en medio de reclamos históricos de víctimas y organismos de derechos humanos que exigieron la implementación de procedimientos excepcionales para casos de terrorismo internacional. Las autoridades subrayaron que la introducción del juicio en ausencia responde a “una deuda pendiente del Estado argentino” en materia de memoria, verdad y justicia para los afectados por el atentado del 94.
La normativa habilita que, ante la incomparecencia injustificada de los sospechosos, el proceso penal se desarrolle con la designación de defensores oficiales y la producción de pruebas que permitan, eventualmente, dictar una sentencia sobre la responsabilidad en los hechos. Las fuentes judiciales señalaron que la resolución de Rafecas se fundamenta en tratados internacionales suscriptos por la Argentina y en la legislación local impulsada en los últimos meses a propuesta del Ministerio de Justicia.
El Gobierno nacional reiteró, en distintas comunicaciones, la voluntad de profundizar el combate contra el terrorismo y de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para llevar a juicio a los responsables de ataques masivos. La decisión es considerada un paso hacia el esclarecimiento definitivo del atentado a la AMIA, el cual permanece impune a más de tres décadas de haber ocurrido.La resolución adoptada por el juez Rafecas cumple con las exigencias del derecho internacional y garantiza el debido proceso, indicaron voceros judiciales, quienes anticiparon que los próximos pasos incluirán la citación formal de los acusados y la continuación de la investigación bajo las normas fijadas por la nueva legislación.
El anuncio de este jueves marca un hito en la causa AMIA, al abrir la posibilidad de que los mismos responsables señalados por la Justicia argentina enfrenten por primera vez un proceso formal, con independencia de su presencia física en los tribunales del país. Autoridades nacionales, familiares de las víctimas y organizaciones comunitarias seguirán de cerca el desarrollo de esta etapa, a la espera de avances concretos en la búsqueda de justicia.