Un informe elaborado por Comunidad revela el fuerte impacto que los aumentos en las empresas de medicina prepaga y en los medicamentos tienen sobre los ingresos de las familias santafesinas. Según el relevamiento, pagar servicios básicos —agua, electricidad, gas y transporte público— junto con una cobertura de salud privada ya representa más del 35% de los ingresos familiares promedio, dejando cada vez menos margen para afrontar gastos esenciales como alimentos, alquiler o educación.

El estudio contextualiza esta situación en el marco de la política económica nacional iniciada tras la sanción del DNU 70/2023, que desreguló los precios de las prepagas y del sector farmacéutico. Lejos de generar mayor competencia y una baja en los valores, los costos de la salud se dispararon muy por encima de la inflación y de la evolución de los salarios. En Santa Fe, el rubro “Servicios de Salud” acumuló una suba del 353% entre diciembre de 2023 y julio de 2025, según datos del IPEC, mientras que los ingresos crecieron apenas por encima del 200% y las jubilaciones por debajo del 150%.

El relevamiento realizado en la ciudad de Santa Fe muestra que una persona adulta con ingresos promedio debe destinar entre el 12% y el 17% de su salario mensual para acceder a un plan básico de medicina prepaga. Si se suman los gastos en servicios esenciales, ese esfuerzo asciende a casi un tercio de los ingresos. En el caso de una familia tipo, con dos adultos y dos menores, el costo combinado de servicios y prepaga puede absorber entre el 34% y el 55% del ingreso mensual, según la opción de cobertura elegida.

El informe también pone el foco en la situación de los adultos mayores. Desde la asunción del actual gobierno nacional, el gasto de bolsillo de los jubilados en medicamentos aumentó un 382%, mientras que la cantidad de remedios dispensados cayó un 26%. A esto se suma la reducción de la cobertura del PAMI y el encarecimiento de los coseguros y aportes en IAPOS, donde se registraron subas que superan ampliamente la inflación, tanto en bonos de consulta como en internaciones y aportes al sistema abierto.

Desde Comunidad advierten que este escenario no es aislado ni coyuntural, sino parte de un modelo que traslada el costo del ajuste a los hogares. La consecuencia directa es el abandono de tratamientos, la postergación de consultas y un mayor endeudamiento familiar. “La salud dejó de ser un derecho garantizado y pasó a convertirse en un privilegio”, concluye el informe, alertando sobre una profundización de las desigualdades y el retroceso del Estado en áreas clave para la calidad de vida de la población.